Los gestores y estructuradores de proyectos disponen de variadas fuentes de financiación para sus portafolios de inversión
Las restricciones y limitaciones cada vez más crecientes de recursos financieros por parte de países emergentes y ante la urgencia de liberar recursos para proyectos de contenido social mediante programas de educación, salud, bienestar, saneamiento básico, etc., todos los Estados tiene especial interés en promover y patrocinar las alianzas con el sector privado para ejecutar proyectos estratégicos ineludibles para apuntalar su competitividad y desarrollo. En el caso de la construcción de infraestructura el Estado transfiere riesgos hacia el sector privado y al mismo tiempo vigila que los proyectos operen adecuadamente en beneficio del interés general, además, permite la entrada de capitales frescos que vigorizan la economía, promueven la transferencia de conocimientos y tecnología, y crean nuevos frentes laborales que cualifican la mano de obra reforzando la competitividad del país, incluso, concediendo ciertas exenciones tributarias temporales con el incentivo del recaudo de significativos impuestos en el mediano y largo plazo.
Muchos emprendimientos con reservas comprobadas de explotación minera o petrolera, grandes obras de infraestructura, plantas industriales, parques turísticos, proyectos de telecomunicaciones, desarrollos cibernéticos, etc., en algunos países emergentes resultan llamativos para diferentes agentes que estarían dispuestos a participar en su estructuración financiera. La disponibilidad de fondos para un proyecto dependerá de la capacidad del gestor, promotor, patrocinador o estructurador para convencer y movilizar a las partes (público y privado) de que el proyecto es técnicamente viable y financiera y económicamente conveniente.
A pesar de las grandes diferencias de objetivos e intereses entre las entidades estatales y las organizaciones privadas, en los últimos tiempos se ha observado una sorprendente convergencia en los procedimientos y metodologías con las que ambasocuran financiación. En efecto, las compañías estatales que tradicionalmente han financiado sus proyectos a través del presupuesto general o mediante créditos externos o internos avalados por el gobierno, ahora acuden a fuentes alternas, como préstamos de bancos comerciales, colocación privada de bonos y ventas de acciones en los mercados de valores. A su vez, los inversionistas privados tratan de incorporar a sus proyectos fuentes oficiales de financiación y hasta llegan a formar entidades mixtas, lo cual les deriva cierto atractivo, pues la propiedad parcial de entidades estatales suele dar acceso a diferentes fuentes de fondos oficiales que constituyen una ventaja nada despreciable. Cuando la estructura de propiedad es equilibrada, los gestores o patrocinadores podrían recibir apoyo de las agencias multilaterales lo que constituye un aval adicional para respaldar la financiación de sus portafolios. Indudablemente existe la tendencia a emplear toda suerte de mecanismos financieros para diferentes propuestas de desarrollo, esto implica necesariamente, la presencia de mayor número de socios interesados y un abanico amplio de instrumentos financieros, cuyo manejo resulta cada vez más complejo, pero hace más atractivo el oficio profesional de “gestor o estructurador de proyectos”.
En consecuencia, se observa una tendencia moderna a nivel mundial en el sentido de que los gobiernos que no cuentan con suficientes recursos financieros para emprender obras de desarrollo acudan al sector privado nacional o internacional, e impulsen la creación de empresas mixtas o entreguen en concesión, la construcción y explotación de servicios u obras de infraestructura de alguna magnitud. Esta modalidad de relación se suele denominar PPP (Proyectos Públicos Privados) o Asociación Público Privada, conocida como APP. Dado que las empresas o firmas privadas exigen una tasa de rentabilidad financiera similar o mejor a la que podrían obtener en otros proyectos de riesgo comparable, los asesores y analistas del gobierno deben diseñar estructuras financieras y jurídicas que garanticen la obtención de rentabilidades más atractivas y competitivas. Puesto que las responsabilidades financieras y operativas se reparten entre el gobierno y el sector privado, lo mismo que los riesgos y los beneficios, se trata de diseñar entes temporales mixtos acorde con las normas, consultando el equilibrio entre las partes. Por otro lado, los gobiernos pueden promover más la inversión mixta estableciendo regímenes regulatorios y fiscales claros, asegurando a los gestores, patrocinadores y financiadores, la estabilidad y permanencia de políticas y procedimientos en torno a riesgos y beneficios.
De la capacitación y adiestramiento del recurso humano de dirección y operación, y la apropiación y adaptación de tecnologías para el manejo gerencial de las entidades de composición dual, se espera la racionalización de la estructura de costos, el mejoramiento de los servicios, la obtención de rentabilidad y una evolución tarifaria que consulte la capacidad de pago de las comunidades, sin desvirtuar los criterios básicos de eficiencia y suficiencia que tendrán prevalencia en la organización. La eficiencia hace referencia a que el valor de la tarifa deberá estar próximo al nivel de los precios propios de un mercado competitivo, pero, además, que reflejen no solamente los costos, sino los aumentos previstos en la productividad que serán distribuidos equitativamente entre la empresa y sus usuarios. Por otro lado, la suficiencia significa la estimación de una tarifa que garantice la recuperación de costos y gastos de operación incluyendo los de mantenimiento, reposición, expansión y modernización orientados al mejoramiento y sostenibilidad del servicio.
Las sociedades mixtas establecen la cooperación de inversionistas privados nacionales o extranjeros y el gobierno, para aprovechar sinergias y fortalezas mutuas, para realizar un proyecto con mayor rapidez y eficiencia, que cada uno independientemente no lo podrían lograr. Existen varias modalidades para la participación del sector privado, desde operaciones muy restringidas, como la subcontratación, el arrendamiento, o los contratos de gestión, hasta la entrega total del sistema a través de una diversidad de contratos de concesión. Desde luego, que las diversas modalidades se pueden aplicar para la totalidad del sistema o para parte de éste, como resultado del proceso de desagregación vertical de los servicios como en el caso del agua potable en el tema de captación, tratamiento y distribución; o con respecto a energía, lo relacionado con generación, transporte y comercialización. Es obvio, que la participación privada en los servicios y en las obras de infraestructura requieren medidas y disposiciones adecuadas que aseguren al inversionista una marco tarifario de precios o de peajes claro y estable, y desde luego, rentable, que dependa de una estructura financiera de largo plazo acorde con la maduración de las inversiones, y por otro lado, la protección del usuario mediante mecanismos de control de tarifas y estándares mínimos de calidad aceptable y de continuidad en el servicio definidos por los organismos de regulación.
Poco a poco en los países emergentes, reiteramos, toma mayor importancia la creación de alianzas temporales de naturaleza mixta, en las que el sector público y el privado comparten las responsabilidades, los riesgos y, desde luego, los beneficios que se desprenden de un proyecto. Es preciso entonces verificar las respuestas a los siguientes interrogantes: ¿quién asumirá el diseño y la construcción del proyecto?; ¿cuál es el origen de los fondos para la construcción? y ¿en qué dimensión?; ¿quién se hará responsable de la negociación del financiamiento y por qué monto?; ¿quién y cómo operará el proyecto y por cuánto tiempo?; ¿cómo de definirá la propiedad de los activos y durante qué tiempo?; ¿hasta dónde llega la responsabilidad de cada actor?; ¿cómo se manejarán las fuentes de ingresos del proyecto?; ¿quién asumirá ciertos riesgos inherentes al tipo de proyecto? ¿cómo se atenderán las acreencias del servicio de la deuda? Las respuestas a estos interrogantes, entre otros, darán las pautas para el diseño de específicos instrumentos técnicos - financieros y jurídicos de cooperación entre el sector oficial y el privado.
Para este propósito de atraer la vinculación privada se requieren reglas claras y uniformes, ya sea para la concesión, la vinculación en sociedades simples, socio operadores u otras modalidades, en donde se establezcan las condiciones y criterios de otorgamiento, obligaciones y garantías del concesionario o contratista, indicadores generales de desempeño y productividad, incentivos y castigos al cumplimiento, tiempo de duración, atributos generales de dominio y causales de caducidad. La estructuración financiera y jurídica de estos entes duales permitirá emprender obras de infraestructura y de servicios que requiere el desarrollo nacional, regional y local en los diferentes países de Hispanoamérica.
No obstante la bondad del modelo, es preciso motivar algunos cambios derivados de experiencias recientes en algunos países de América Latina, donde si bien el respaldo a muchos proyectos de carácter PPP (Proyectos Público Privado) han resuelto el tema de financiación, los resultados no han sido lo suficientemente auspiciosos, debido principalmente a la falta de pericia de los funcionarios y a la codicia desmedida de los socios privados, y desde luego, a la perversa penetración de la corrupción que permea fisuras en las normas de contratación y regulación.
JUAN JOSE MIRANDA MIRANDA
Enero de 2020